La pasada semana hemos recibido el anuncio del adiós a la política de la controvertida Celia Villalobos, quien hace público que no va a concurrir a las próximas elecciones para optar a cargo público parlamentario.
No he podido dejar de acordarme que en su trayectoria política está un hecho que ha marcado, al menos en parte, cómo es la economía de las farmacias en la actualidad.
Celia Villalobos, fue ministra de Sanidad, desde abril del 2000 a julio del 2002. Fue al poco de su llegada al ministerio, cuando se aprobó el ya famoso Real Decreto Ley 5/2000, de 23 de Junio y por tanto sin haberse cumplido siquiera los dos meses desde su nombramiento.
En dicho RDL se establecía en su artículo 2, por primera vez, un margen diferenciado de los medicamentos en función de su precio, siendo éste un margen proporcional o porcentual, por debajo de un determinado precio y una cantidad en valor absoluto por encima de dicho precio, lo que se traduce en realidad en que el margen es decreciente en función del precio a partir de un determinado importe, algo que ha provocado el que estos productos pasaran a ser económicamente poco interesantes desde el punto de vista del margen, y que en ocasiones se hayan producido dificultades de abastecimiento de algunos de ellos por parte de los pacientes, dado el escaso interés de tenerlos en su stock o de gestionar su encargo, de algunas farmacias concretas.
Como quiera que en dicho RDL no se establecía un mecanismo concreto y automático para actualizar con cualquiera de los índices la cuantía del suelo a partir del cual se cambiaba de un margen proporcional a una por envase, en la práctica esto ha producido que la incidencia de esta bajada del margen que trajo la norma haya sido cada vez más importante para la farmacia conforme ha transcurrido el tiempo.
Por otro lado, el artículo 3 trajo la aparición de una escala de deducciones, con carácter de obligatorias, que se aplicaban sobre la cifra de facturación mensual de cada una de las farmacias respecto a los medicamentos dispensados por la farmacia con cargo a fondos públicos.
Esto ha cambiado de forma importante el panorama de la economía de la farmacia actual, visto desde la perspectiva que dan ya los casi veinte años desde su aparición.
Si antes las farmacias con una mejor situación respecto a los ambulatorios o centros de salud eran las que obtenían unas rentas más elevadas, el lastre que supuso esta novedad legislativa las marcó, pues a partir de ese momento, una farmacia con la misma cifra de facturación que otra, pero una de ellas fundamentalmente procedente de la dispensación económica de medicamentos con receta es económicamente menos rentable que una que proceda de la venta de los mismos productos, pero con un porcentaje mucho mayor de venta libre. La aparición posterior de la receta electrónica que eliminaba de la obligación del paciente de acudir al centro de salud a obtener la receta en los casos de los enfermos crónicos, ha sido otro de los efectos que han hecho que hoy sea menos demandado este tipo de farmacia por parte de los titulares.
Por otra parte, el que la deducción se aplique sobre la cifra de facturación de recetas públicas mensual perjudica a aquellas farmacias con ventas muy estacionalizadas en el tiempo, por ejemplo, las cercanas a dichos centros de salud, pero radicados en localidades turísticas con mucha población nacional, pues al ser la escala de deducciones progresiva en su porcentaje, esto perjudica concentrar mucha facturación en un corto plazo de tiempo.
El observatorio del medicamento de FEFE, correspondiente al mes de diciembre de 2018, cuantifica el importe actual de este tipo de deducciones y las aparecidas con posteriordad con fórmulas parecidas a las que inició este RDL al afirmar que: “Las aportaciones en deducciones y descuentos al sistema público de las oficinas de farmacia se encuentran en una cifra del orden de 440 millones de euros”.
Puesto que hay en España aproximadamente unas 22.000 farmacias, la división sale especialmente redonda, 20.000€ por farmacia el año pasado. Ya sé que muchos de vosotros pensaréis “yo pago mucho más de eso”, mientras que otros seguramente no llegan ni mucho menos a esa cifra, pero teniendo en cuenta que según las tablas salariales del último convenio colectivo de Farmacias aprobado, el coste empresa, es decir el salario bruto más la seguridad social a cargo de la empresa de un farmacéutico es de, aproximadamente, unos 34.000€, podemos decir que con Celia Villalobos, cuya carrera política terminará en fecha reciente, se gravó a las farmacias con unas nuevas deducciones, que a fecha de hoy suponen aproximadamente el equivalente al 60% del coste de un farmacéutico.
Juan Jesús Sánchez Velázquez
Director Audifarma